Tras el anuncio del Gobierno sobre un alza en las tarifas de energía como consecuencia de la sequía que afronta el país por cuenta del fenómeno de El Niño, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó al Ministerio de Minas explicar los argumentos para autorizar el alza que entraría a regir este fin de año.

El Jefe del ente humanitario dijo que se volvió costumbre que cuando las empresas, en este caso las generadoras de energía, atraviesan un mal momento financiero, se trasladan esos costos a los usuarios, pero cuando las épocas son buenas, las ganancias se distribuyen entre los grupos económicos, como sucedió con el cuatro por mil.

Otálora Gómez sugirió revisar los alcances del cargo por confiabilidad que se cobra a los ciudadanos en cada factura, y que según algunos expertos cubriría las contingencias de una época de sequía prolongada como la que actualmente afecta a buena parte del territorio nacional.

El titular del organismo de control manifestó que el fenómeno de El Niño fue advertido con suficiente antelación, y que por eso debieron adoptarse las medidas necesarias para suplir las necesidades que supone trasladar la generación a las termoeléctricas, sin que ello signifique una afectación al bolsillo de los usuarios.

El Defensor del Pueblo advirtió que de acuerdo con las explicaciones que ofrezca el Ministerio en el curso de los próximos 5 días hábiles, analizará la posibilidad de acudir a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, a fin de que se investiguen las actuaciones de las entidades competentes.

Al indicar que un alza de esta naturaleza resultaría discriminatoria, por cuanto quienes tiene menos recursos se verían avocados a restringir el consumo, Jorge Armando Otálora Gómez agregó que si las medidas administrativas relacionadas con la autorización del incremento en las tarifas de energía se oficializan, y no existe suficiente sustento para aplicar el ajuste, la Defensoría interpondrá los recursos judiciales de nulidad respectivos, a fin de que sean derogadas y se libere a los ciudadanos de un pago injustificado.